Una propuesta legislativa que permitiría la contratación de médicos extranjeros en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generó un fuerte debate político y social en el país. Aunque busca atender el déficit de especialistas y reducir las listas de espera, la iniciativa también despierta serias preocupaciones sobre la calidad de la atención médica y el resguardo de la seguridad social.
¿En qué consiste el proyecto?
El expediente 24.015, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Económicos, establece que médicos formados en el extranjero podrían trabajar en la CCSS si cumplen con un examen general de conocimientos médicos y son acreditados por un comité liderado por el Ministerio de Salud.
Además, propone otras medidas como la regionalización de especialistas, el cambio de contratos de retribución, y la creación de un examen único para formación de especialistas. El objetivo, según sus proponentes, es mejorar el acceso a atención médica, especialmente en zonas rurales y regiones con alta demanda.
Posturas a favor: una solución urgente ante una crisis sanitaria
Desde el PUSC, la diputada María Marta Carballo defendió el proyecto asegurando que se trata de una medida responsable frente a la realidad de miles de costarricenses que mueren esperando una cirugía. Según datos de la Gerencia Médica de la CCSS, más de 5.700 personas fallecieron entre 2023 y 2025 mientras aguardaban una operación.
Carballo enfatizó que actualmente la propia Caja ya ha autorizado la incorporación de médicos extranjeros en casos urgentes, y destacó que muchos de ellos han salvado vidas. “Prefiero ser atendida por un médico extranjero que esperar cinco años por una cita”, declaró la socialcristiana.
Desde otras bancadas, como Liberal Progresista, Nueva República y el oficialismo, también se sumaron apoyos al proyecto, argumentando que los gremios han frenado la formación de nuevos especialistas y que se requiere una reforma estructural para evitar el colapso del sistema.
Oposición frontal: “Un riesgo para la salud pública”
En la otra acera, diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) manifestaron su rotundo rechazo al plan. La frenteamplista Sofía Guillén alertó sobre lo que considera “portillos peligrosos” que permitirían el ingreso de médicos con formación incierta, sin el aval del Colegio de Médicos.
Guillén afirmó que el expediente atenta contra la autonomía universitaria y de la CCSS, y que responde a un falso discurso de escasez de especialistas. “El problema no es que no haya médicos, sino que el Gobierno no crea condiciones para retenerlos”, apuntó.
En la misma línea, las diputadas Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, ambas del PLN, coincidieron en que el plan debilita el sistema de salud, al eliminar controles como el examen del Colegio de Médicos y reducir la rigurosidad en la evaluación técnica de quienes ingresen al sistema.
¿Qué busca resolver el proyecto?
La reforma pretende responder a un problema real: la falta de médicos especialistas en zonas alejadas y la elevada mortalidad por demoras en cirugías. Para el año 2037, la CCSS estima que necesitará más de 4.000 nuevos especialistas para cubrir la demanda nacional.
Los impulsores del proyecto creen que estas medidas permitirán una distribución más equitativa del personal médico, mejorarán los procesos administrativos entre universidades y la CCSS, y facilitarán la permanencia de médicos dentro del sistema público.
Próximo paso: discusión en el plenario
Tras su dictamen en comisión, el expediente ahora será discutido en el plenario legislativo, donde las diputadas opositoras ya anunciaron que presentarán mociones para modificar o frenar su avance. El futuro del plan dependerá del pulso político entre las diferentes fracciones, pero el debate ya está instalado en el corazón de la opinión pública.
Este es un proyecto que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que se entiende la salud pública en Costa Rica.
